En este breve documento estimados lectores quiero esbozar desde mi perspectiva algunos apuntes sobre la necesidad de pensar y repensarnos aspectos centrales que incorpora el decreto ley 1278 de 2002 y que se conoce coloquialmente como estatuto docente nuevo y los cuales considero deben ser abordados en la construcción de una nueva hoja de ruta sobre este tema.

Primer apunte: la ausencia de estabilidad laboral

El Estatuto Docente no ha logrado garantizar una estabilidad laboral adecuada para todos los docentes en Colombia. A pesar de que el estatuto establece algunas garantías en este  sentido, lo real es que los docentes mal llamados «provisionales» enfrentan situaciones de miedo, con contratos temporales y falta de estabilidad en el empleo, con la amenaza de que si no existe el número de niños en el aula el pueda ser trasladado e incluso declarado insubsistente en el cargo.

Esta situación afecta negativamente la calidad de la educación,  ya que los docentes no cuentan con las garantías laborales necesarias para desarrollar su labor de manera efectiva, sin contar además con los docentes que laboran en el sector  privado que incluso en muchos casos tienen condiciones laborales y salariales que están por debajo de lo establecido en el estatuto y dependen laboralmente de la “ percepción” del dueño de la institución. No es raro encontrar en redes sociales ofertas laborales para  docentes profesionales que están por debajo de la línea del salario mínimo con jornadas de 10 horas diarias, frente a este aspecto no hay quien regule o sancione eficazmente este  tipo de situaciones.

Segundo apunte: la ausencia de contexto

El Estatuto Docente no tiene en cuenta las particularidades de cada región y de cada  contexto educativo. En él se puede observar el establecimiento de unas normas generales  que deben aplicarse en todo el país, pero no asume las diferencias socio-culturales de estas. El estatuto es “ frío” y “ rígido” cae en la férrea lógica del positivismo y abandona el marco de posibilidad de manejo de contextos locales. Esta falta de contextualización limita  prácticas pedagógicas que permitan al docente aplicar su labor de manera más asertiva, lo que al final genera una obligación de desarrollar y ejecutar normas que no siempre  responden a las particularidades de su contexto educacional.

Tercer Apunte: la ausencia de incentivos

Se observa que el estatuto establece unas normas muy rígidas en relación a la evaluación y el ascenso de los docentes, si bien en teoría pareciera que existe una oportunidad de  mejoramiento pedagógico y salarial, las barreras de ascenso y reubicación son gigantes  cuando están atadas a la política fiscal y la reserva presupuestal de la entidad certificada  en educación. Esto desmotiva al educador que haciendo un esfuerzo de tiempo y dinero  realiza su Maestría y/o Doctorado o bien desarrolla una experiencia pedagógica significativa pero no obtiene el reconocimiento esperado traducido en un mejoramiento de sus  condiciones de vida.

Cuarto Apunte, la ausencia de politicas publicas locales:  

La falta de una política pública local asertiva y eficaz de mejoramiento docente, si bien el  decreto ley 1278 habla de la cualificación docente, la realidad es que una cantidad  mayoritaria de secretarías de educación no incluyen en sus planes de acción, puntos  concretos sobre este aspecto. Algunas de ellas se limitan a alguna conferencia esporádica o a exigir certificaciones académicas-administrativas sin brindar insumos ni tiempo para el desarrollo de estas. En los colegios la situación se evidencia cuando un profesor requiere  tiempo para adelantar estudios y ante esto muchos rectores se ven limitados para brindar el apoyo ya que no existe una orientación puntual sobre este tipo de casos emanado desde las secretarías de educación.

Por otro lado y como lo expresaba en líneas anteriores hace falta una comprensión del  mismo rol docente y de las necesidades de este. Por ejemplo, un profesor que solicita una  comisión de estudios para realizar una pasantia en el exterior debe agarrar bien su cartera  ya que si bien se le puede brindar el permiso no se le apoya económicamente, no se le  cancela el salario y ademas se le descuenta parte de la prima. Aunque el objetivo del  educador sea mejorar sus practicas pedagogicas del aula y su intencion final sea fortalecer  el aprendizaje de sus estudiantes, no existe un real incentivo para este tipo de acciones.

Quinto Apunte: la ausencia de tranquilidad

El miedo es quizás un elemento presente en los educadores. Este se configura desde la  misma esencia de los mecanismos de evaluación y control que tiene incorporado el decreto  ley 1278 de 2002. Dichos aspectos limitan parte de la autonomía docente cuando son  usados como mordazas frente a la opinión docente más aún si está en contravía con la  expuesta por los equipos directivos o como mecanismo de castigo si el maestro muestra  posiciones divergentes con las institucionales.

La evaluación es usada como una herramienta de medición subjetiva donde se califica  quien es bueno o malo desde la mirada en el caso de los colegios del rector. Si bien la  calificación emitida tiene mecanismos legales de apelación muchos educadores no se  desgastan en este proceso ya que temen a las represalias del año siguiente y en palabras  coloquiales “ agachan la cabeza” y guardan silencio.

Lo contradictorio es que frente a lo anterior expuesto existe desde la institucionalidad una narrativa legal que pretende mostrar que el estatuto docente dignifica al educador, le da  garantías y posibilidades. Sin embargo, en la realidad como lo expresa García (2019), «el  estatuto docente establece condiciones laborales justas y dignas para los docentes, pero  estas no se cumplen en la práctica», y en la misma línea Cárdenas (2017), manifiesta que  el estatuto docente 1278 de 2002 fue implementado de manera frontal, vertical y directa,  sin tener en cuenta los aportes de los educadores y su organización sindical, lo que genera  malestar, frustración y descontento en el gremio magisterial.

A manera de colofón, la necesidad de reformar el estatuto docente en Colombia es una  discusión urgente y necesaria donde el diálogo entre gobierno, docentes, sindicatos y  sociedad civil sea la manera de generar un nuevo libro para escribir la educación  colombiana.

Referencias bibliográficas:

Cárdenas, J. (2017). Una educación para el desarrollo de habilidades y competencias. Revista Educación y Pedagogía, 29(74), 65-75.

García, M. (2019). Condiciones laborales docentes en Colombia: ¿justas y dignas en la práctica? Revista Científica de Administración, Economía y Contabilidad, 7(1), 25-36.