Texto publicado originalmente en el portal La Silla Vacía
Han suscitado bastante revuelo los últimos anuncios del viceministro Hernando Bayona, académico que respeto y conozco, frente la propuesta de un plan de retiro de los docentes pensionados activos mayores de 60 años. Junto a esta propuesta, nos encontramos con el voluntariado de licenciados en formación para intentar alivianar el peso de la crisis en la educación rural. Y para completar el panorama, dichas iniciativas se producen en medio de unas conflictivas relaciones en el Comité Ejecutivo de FECODE que, en pocos meses, será renovado por el voto de más de 200.000 afiliados y afiliadas en todo el país. Lo cierto es que ambas propuestas, desde distintas perspectivas, están íntimamente ligadas a la discusión de un nuevo estatuto docente, ya que une la cabeza (ingreso) con la cola (retiro).
Sin embargo, son presentadas a la opinión pública de manera aislada y sin concertación alguna, lo que ha generado sospechas y fuertes críticas en la base magisterial que, a la manera de un bloque social contrahegemónico, apoyó decididamente el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en las pasadas elecciones presidenciales.
Trataré de esbozar brevemente algunas ideas que concluirán en la hipótesis de que estas dos propuestas van más allá de las buenas intenciones, y que, en cambio, me parecen un mecanismo de presión para forzar un estatuto menos garantista y más barato de lo que pretendemos los docentes del país. Veamos.
El viceministro, en su columna del 10 de enero plantea que la idea del Ministerio de Educación “es contar con un mecanismo de compensación económico para que puedan gozar de una jubilación digna, reconociendo y valorando su labor: una vida dedicada a la docencia”. Lo primero que hay que decir es que el magisterio colombiano si ha contemplado la posibilidad de retiro compensado, la diferencia tiene que ver con los conceptos de reconocimiento y dignidad, ya que, al concentrarse únicamente en el retiro, pareciera que alude a un castigo y no a un beneficio.
Desde mi perspectiva, el reconocimiento también se puede dar, por ejemplo, con estrategias como la descarga académica para integrar a docentes veteranos en los programas esenciales del Ministerio y las Secretarías de Educación. Se reemplazaría, de esta forma, las millonadas en contratos con terceros que solo ven en el sistema educativo una bolsa de contratación y, además, se vincularía la experticia del trabajo de aula con el diseño e implementación de la política pública de educación.
Es más, discutiendo la propuesta con un grupo de docentes, una maestra mayor de 60 años me recalcó que ella daba clases dignas y valiosas, que tenía mucho que aportar a la educación del país y que si bien, algunos colegas contemplaban el retiro por circunstancias particulares como problemas de salud, esta iniciativa era una afrenta que no valoraba la labor desempeñada. Por citar solo un ejemplo, desde hace tiempo en muchas universidades, los “docentes eruditos” en vez de recibir compensación empiezan a tener menos intensidad de clase y más de investigación. Queda claro que reconocimiento a la trayectoria y el respeto a la experiencia no se pueden medir con una calculadora.
Por la misma línea, los docentes veteranos en vez de recibir una compensación económica podrían integrar un equipo élite de docentes veteranos con más de 20 años de experiencia que acompañen los docentes novatos en zonas rurales. El objetivo sería incluir a la planta docente jóvenes licenciados y normalistas recién egresados y hasta con máximo 5 años después del grado, para que ingresen a cubrir el 50% de las vacantes rurales por un periodo de dos años.
El viceministro ya había planteado algo similar en una columna publicada en este medio que plantea que: “al terminar la licenciatura, los becados deben ir por tres años a las escuelas públicas que tengan dificultades para tener docentes de planta. Esta sería una especie de estancia rural como la que hacen los médicos, pero más larga. Estarán acompañados de un mentor empleando un esquema similar al Programa Todos a Aprender.”
Si bien, compartimos el tema del acompañamiento, mi enfoque no es punitivo o instrumental, está dirigido al reconocimiento efectivo del docente experimentado. No le ofrezco el frio e insensible metal de compensación, sino que le concedo una comisión de servicios con una bonificación para cubrir sus gastos adicionales, dejando en sus manos un puñado de novatos para que no sientan que han sido abandonados a su suerte en el último rincón del país. El trabajo de estos jóvenes, durante dos años, sería una suerte de entrenamiento para superar los mecanismos de ingreso al sector público. Si el listado de aspirantes excede las vacantes ofertadas se haría un sorteo y la evaluación seria su trabajo durante estos dos años. Al finalizar, podrá escoger esa o cualquier otra vacante en el lugar del país que necesite ese perfil.
Con esto estaríamos solucionado dos problemas: reconocimiento y cambio de actividad de los docentes veteranos y el ingreso de jóvenes normalistas y licenciados a la carrera. Mejor aún, se haría un esfuerzo en superar la excesiva meritocracia criticada por el mismo Alejandro Gaviria en sus redes sociales el 22 de octubre del 2022: “Hablamos del derecho a la educación como un antídoto a los excesos de la meritocracia.”
Así mismo, el otro mecanismo de ingreso sería el clásico concurso con prueba escrita, entrevista, experiencia y estudios, con la diferencia de que la prueba no sería eliminatoria sino clasificatoria, lo que resultaría en una lista de elegibles más integral, ya que es innegable que la prueba eliminatoria deja por fuera a cientos de buenos maestros y maestras que se pifiaron en el examen. De esta forma, las entidades territoriales tendrían como cubrir las vacantes definitivas y solucionaríamos, de una vez por todas, el drama de los docentes que cubren vacantes definitivas en provisionalidad, ya que se nombrarían de la lista de elegibles en estricto orden.
La lista de elegibles se actualizaría cuando se agote o cada 4 años, ya que propongo que sea política de Estado. Además, por una única vez, el Estado vinculará los docentes provisionales que lleven 10 años al servicio del Estado (continuo o discontinuo) en condición de provisionalidad, como un reconocimiento a media vida laboral al servicio de la educación pública.
Como planteé en el principio de este texto, se une la cola con la cabeza, pues se formalizaría uno de los mecanismos de ingreso para los docentes necesarios para cubrir un número importante de vacantes rurales. De otra parte, se salvaría a estos docentes de las fauces de la explotación laboral en colegios privados que se dan el lujo de pagar por un licenciado menos de un salario mínimo en las narices de los ministerios de educación y trabajo, tan solo porque no tienen experiencia y, en caso de tenerla, son excluidos con la falacia de que “ya están muy viejos”. Este es el vicio de nuestra dinámica laboral, y he ahí el problema con el voluntariado. Escribe Alejandro Álvarez, rector de la UPN: “Recibimos el nuevo año con una noticia refrescante y alentadora.
El Ministerio de Educación Nacional ha convocado a las Escuelas Normales, a los programas de licenciatura y otras carreras universitarias a participar en un ambicioso y audaz programa de voluntariado juvenil para mitigar el impacto que la pandemia tuvo en el aumento de las llamadas brechas de aprendizaje. Se trata de una movilización de jóvenes a gran escala, 40.000 estudiantes de los cuales 5.000 participarán en el primer semestre de 2023.
Estoy convencido de que la solución a la crisis de la educación rural no va a ser superada con voluntarios. Si bien se plantea el tema de las brechas de aprendizaje por pandemia, no podemos olvidar que estas ya existían y, lo peor, son dramáticas. En esta propuesta no se habla de la recuperación de la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes que tiene disparadas las alertas de violencia escolar, consumo y depresión. Para antes de la pandemia la brecha entre estudiantes urbanos y rurales “fue de 24.1 en el puntaje global, en 2021 (el año de la mayor brecha de los últimos cinco años), subió a 26 puntos.” Es decir, la pandemia aumentó en dos puntos la brecha que se quiere cerrar con voluntarios.
En el fondo, estas buenas intenciones son el reencauche de los voluntarios universitarios famosos en la Chile de Allende, y devela que su objetivo no es otra cosa que una salida a la falta de recursos. Pregunto: ¿vamos a tratar un cáncer con acetaminofén, volveremos el trabajo militante de los 60 y 70 en la máxima neoliberal de hacer más con menos?
La crisis financiera del sector no es nueva y el gobierno de Duque en cabeza de María Victoria agotaron los recursos con miles de contratos entregados a terceros que deben ser investigados a profundidad. Pero lo realmente triste es ver un ministro que admite que no conoce el sector de preescolar y básica, manifestando en varias oportunidades que hasta ahora está conociendo la dimensión de la crisis. Perro porque no ha salido con su equipo de comunicaciones y asesores a decirle al país que su cartera difícilmente va a poder hacer parte del cambio sino tiene los recursos necesarios, invitando a la sociedad en general a movilizarnos en la obtención de recursos necesarios para abandonar los últimos puestos de la OCDE no solo en resultados, sino en inversión en educación.
A manera de conclusión, tanto el voluntariado como el retiro compensado deben ser elementos de discusión en el marco de la comisión tripartita para el consenso de un nuevo estatuto de la profesión docente (FECODE-CONGRESO-MEN). Dignificar la labor del maestro y la maestra será el primer paso para superar la profunda crisis educativa. Debemos ser creativos para visualizar los caminos que permitan encontrar en la educación las herramientas para solucionar los problemas del país, en el caso de la educación el problema es que no va a ser gratis, ni barato, ni tan rápido como creemos.
Señores del MEN: ¡no más pañitos de agua tibia para solucionar los problemas de la educación en Colombia, necesitamos una cirugía a corazón abierto!
