En los últimos días sobre la Av. Caracas se desalojó y se le aplicará extinción de dominio a una residencia presuntamente utilizada por la estructura criminal “los maracuchos»; para desarrollar repertorios violentos como extorsiones, torturas, asesinatos y venta de sustancias psicoactivas. Como consecuencia, la alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció que se continuarán aplicando estas acciones sobre otros ocho predios en las localidades de Kennedy, Usaquén, Candelaria, y otras.
Además de estas acciones, más de una decena de criminales de primer y segundo nivel de “los maracuchos” fueron capturados, de esta forma existe la sensación que la tranquilidad por fin se profesa en la ciudad, y que la criminalidad es cosa del pasado.
A pesar de lo anterior, para nada la ciudad está en paz y segura, desde el desmantelamiento de la calle del Bronx entre calles novena y decima con carrera 15, y las capturas de Cesar González alias “gancho homero” y Oscar González alias “gancho mosco”, la criminalidad se disipó por toda la ciudad. De hecho, los lugartenientes y mandos medios de los capos del Bronx quedaron sin regentes y en total independencia, dispuestos a controlar los numerosos centros de microtráfico que surgieron desde el año 2013 en la ciudad de Bogotá. Después de esta anarquía criminal, las localidades de Bogotá fueron repartidas entre varias estructuras criminales, lo cual llevó a que la violencia se redujera significativamente, la lumpen nuevamente volvió a controlar con puño de hierro a la metrópoli.
Como el secuestro, el asesinato, la extorsión, el robo y el trafico de estupefacientes son actividades tan rentables, no faltan las motivaciones para que nuevos criminales surjan con el deseo de controlar las diferentes localidades de Bogotá y la criminalidad que allí se genera. Los delincuentes del momento se autodenominan “El Tren de Aragua” una organización surgida al otro lado de la frontera, en el Estado de Aragua en Venezuela, esta organización se ha difuminado por buena parte de Suramérica y parece que ahora se disputa el control de las rentas ilegales de Bogotá.
Entre otras cosas, algunos medios señalan que “El Tren de Aragua” es responsable de las decenas de asesinatos, desmembramientos y torturas de personas que han aparecido dentro de bolsas de basura por las diferentes localidades de la capital del país.
La razón por la cual que se ha incrementado la violencia en Bogotá, es la misma de siempre, la disputa de poder por la que están pasando la ciudad, probablemente en las próximas semanas a este personal armado de “El Tren de Aragua” se les va a capturar y los desarticularán temporalmente, pero otros surgirán por un factor sencillo de la guerra: esta es dinámica, los actores armados ahora se comportan como “ruedas de bicicleta”, se coordinan y descentralizan su poder. Por ende no hay cabeza que cortar, no hay estructura que se fracture, por el contrario, el crimen es absolutamente pragmático para enfrentar la ausencia de cabecillas, las capturas de mandos medios, y la irrupción de sus territorios por parte del Estado.
Ante este oscuro panorama es muy difícil saber como debería actual el Estado colombiano, lo ideal sería que las agencias gubernamentales llenen los espacios que tiene la criminalidad, por ejemplo, que las oportunidades económicas sean una realidad para la juventud de la ciudad, o que la educación publica superior permita el ascenso social de las personas en los lugares marginales de Bogotá, o que las Fuerzas Militares y Policiales persigan legalmente y desmantelen las estructuras criminales.
A pesar de lo anterior, esto no es posible cuando un Estado ha sido históricamente tan débil en presencia como en incidencia hacia su población y territorio, así mismo, los cambios sociales y económicos requieren medidas sostenidas y a largo plazo para desmotivar a la juventud que quiere ser parte de la criminalidad, y finalmente la persecución legal del crimen es posible sí y solo sí, cuando las Fuerzas Militares y Policiales sean incorruptibles; por todo esto, aquí propongo una acción estatal poco elegante: hay que pactar con el crimen.
Hacer tratos con la criminalidad para que esta última continue actuando pero que respeten ciertos acuerdos no es una cuestión nueva en Colombia y en el mundo. Por años lo hizo la Administración de Control de Drogas (DEA) con Pablo Escobar y con Joaquín Guzmán Loera, lo hizo Benito Mussolini con las mafias en la isla italiana de Sicilia, y también lo realizó el Estado colombiano con la organización paramilitar «Perseguidos por Pablo Escobar» (PEPES).
En el caso de la ciudad de Bogotá puede ser parte de la negociación con el crimen cuestiones como concentrar la criminalidad en uno o en varios sitios específicos de la ciudad, o negociar con el actor ilegal más fuerte que pueda disciplinar violentamente al resto de criminales, o permitir el control de rentas ilegales como el microtráfico de estupefacientes, a cambio de prohibir otras como las derivadas del secuestro y la extorsión.
Esta polémica propuesta por supuesto no será pública, y jamás será reconocida por el Estado, pero al final estos acuerdos se realizarán. La razón por la cual estos acuerdos se ejecutarán es la misma razón por la cual se piensa que no se van a hacer, porque estas estructuras criminales son las que en la realidad dominan y tienen el control sobre el bajo mundo bogotano. Ahora bien, en el momento que la ciudad tenga una oferta económica, política y social atractiva, el personal que se vincula al crimen no encontrará mayor motivación para ser parte de él, mientras tanto toca seguir escondiendo al amante.
