La violencia sexual emergió en el conflicto armado desde hace varias décadas a razón de lesionar el honor de su enemigo de guerra. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica desde el año 1958 hasta el año 2016 se reportaron alrededor de 15.000 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, actos en donde salen mal librados todos los actores directos de la guerra, los paramilitares, las guerrillas, las Fueras Militares y los grupos no identificados, todos ellos con responsabilidades cuantitativamente mayores en su respectivo orden.
Haciendo énfasis en lo anterior, las Autodefensas Unidas de Colombia utilizaron la violencia sexual como método de guerra de forma sostenida. Dentro de este tipo de violencia se encuentran mayoritariamente algunos hechos como esclavitud sexual, prostitución forzada, actos sexuales, desnudez, exhibición forzada, y tortura sexual. Es bastante ejemplificante para comprender este patrón de violencia sexual, el testimonio de una mujer víctima de grupos paramilitares en el municipio de Ovejas en el departamento de Sucre, la cual fue señalada de ser compañera sentimental de un guerrillero: “durante tres días hicieron conmigo todo lo que les dio la gana, caí enferma por una infección, que a veces hace que me duela la vida por dentro, aguanté hambre durante dos semanas para no tener que ir al baño”.
En otro sentido, también es posible señalar que los grupos guerrilleros usaron la violencia sexual en medio de la guerra. Inclusive la senadora Victoria Sandino del partido COMUNES reconoció públicamente que la extinta guerrilla cometió delitos sexuales, cuestión que implica que estos delitos serian no amnistiables. Por ende, de comprobarse su sistematicidad y responsabilidad de mando, pueden culminar en condenas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Mayoritariamente la violencia sexual cometida por la extinta guerrilla osciló entre la esterilización forzada, el aborto forzado y actos sexuales[1].
Así mismo, no es menos importante el caso del secuestro y violación sexual de la periodista Jineth Bedoya, caso ocurrido el 25 de mayo del año 2000 por el cual el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las razones por la cuales es tan emblemático este caso son dos: por un lado, porque evidencia la participación del Estado en los hechos en asocio con el “bloque interno capital” de las AUC, el cual delinquía desde la cárcel nacional “la modelo”.
Por otro lado, según la CIDH Bedoya no tuvo garantías judiciales e investigativas para esclarecer su caso, al igual que la falta de medidas estatales para proteger la vida de la víctima y su familia, a raíz de las amenazas antes y después del fatídico 25 de mayo. En suma, el caso de Bedoya explica, en parte, la razón por la cual existe un subregistro de denuncias y condenas sobre violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado colombiano.
Con la firma del acuerdo final de paz en el año 2016, se intentó cerrar un ciclo de violencia en Colombia. Al parecer los casos de Bedoya, de la guerrilla y los paramilitares serían cosas del pasado; sin embargo, con la reactivación de la guerra probablemente se haya reavivado este tipo de violencia como forma de guerra continua en diferentes regiones periféricas de Colombia. Como si fuera poco, está forma de hacer la guerra al parecer no es exclusiva del mundo rural, parece que se ha vuelto mucho más urbana y mucho más contemporánea.
¿A qué me refiero con lo anterior? El pasado 28 de abril se conmemoró el primer aniversario del Paro Nacional del 2021, una movilización social que formalmente duró dos meses. Sería un trabajo Espartaco intentar esclarecer los presuntos 4.687 casos de violencia realizados por la Policía Nacional en escasos 60 días, sin embargo lo que se puede inferir es que la violencia Policial actuó como una forma de castigo extrajudicial hacia la población civil que se manifestó. Y aunque son reprochables todos estos casos de uso excesivo de la violencia, una tipología de casos salta a la vista en los diferentes informes, una escalofriante cantidad de violaciones de derechos humanos. Me refiero a los 28 casos de abuso sexual registrados por la ONG temblores o los 23 casos de violencia sexual registrados por la Defensoría del Pueblo.
Haciendo énfasis en lo anterior, es sumamente dantesco evidenciar que los funcionarios públicos, que deberían proteger a la sociedad colombiana, fueron capaces de ultrajar sexualmente a mujeres indefensas, a jovencitas confundidas por los golpes y los gases lacrimógenos del día. Aun sigue en la mente de la sociedad colombiana el testimonio de la madre de Alison, una menor de edad que tomó la decisión de suicidarse después de denunciar que varios miembros del ESMAD la habían abusado sexualmente en una Unidad de Reacción Inmediata de la ciudad de Popayán. Del mismo modo, resuena la frase “curso hágale lo que quiera, quién la manda a estar por aquí”, frase emitida por un agente de policía mientras le solicitaba identificarse a una mujer en una de las noches bogotanas del paro nacional.
No es posible saber a ciencia cierta que es peor en estos casos, que la Policía Nacional considere que el ciudadano es su enemigo de guerra, o que estos agentes de Policía sean capaces de cometer delitos tan pavorosos. En consecuencia, es necesario reformar profundamente a las instituciones militares del Estado para que, entre otras cosas, respeten los derechos humanos y garanticen la convivencia ciudadana bajo un principio de cuidado de la sociedad. En cualquier caso, se hace urgente que dentro de la agenda nacional haya un capítulo dedicado a la prevención de las violaciones sexuales de mujeres y una atención a las mujeres violentadas sexualmente por parte de actores armados.
En honor a la verdad, los actores armados no provienen de un lugar distinto al de la sociedad civil, por ende, como sociedad tenemos un grado de culpa en la ocurrencia de las violencias sexuales como método de guerra. Minoritariamente somos parte del problema en el momento que acosamos con comentarios incomodos a las mujeres por la calle, o en el momento que justificamos los acosos sexuales hacia las mujeres por medio argumentos frágiles relacionados con su vestimenta o su belleza. Tal vez poner un granito de arena como sociedad en torno al respeto a la mujer, nos permita evitar que en medio de la guerra “la bestia ande suelta”.
Notas
[1] varias denuncias sobre el tema han sido direccionadas mayoritariamente desde la corporación “rosa blanca”.
“durante tres días hicieron conmigo todo lo que les dio la gana, caí enferma por una infección, que a veces hace que me duela la vida por dentro, aguanté hambre durante dos semanas para no tener que ir al baño” :Para mi este comentario no me lo podría imaginar es muy macabro, pervertido y un acto sin ningún sentido ni remordimiento hacer sufrir a una mujer.
La violencia sexual como forma de guerra en este país fue, es y será un problema en Colombia hasta que las guerrillas, los paramilitares… dejen de existir. Seguirán usando la violencia sexual en medio de la guerra si no hacemos nada para ayudar o apoyar a las mujeres que han estado, están o estarán expuestas a este tipo de violencia, lo que dices es verdad, nosotros avalamos o justificamos la violencia sexual no iremos a ninguna parte con esta acción.
Muy Buena Columna Para informarnos sobre lo que pasa con este tipo de violencia sexual como forma de guerra en Colombia.
Si eso es verdad
La verdad está investigación dice muchas verdades las cuales sirven para infórmanos mejor
Yo opine que es nefasto que la violencia sexual sea un puente de manipulación para obtener resultados, es nefasto que se contemplé como una forma de presión sicosocial aprovechando el estado de vulnerabilidad de la mujer. Esto no es nuevo es una práctica funesta que existe desde hace décadas y que no se va a solucionar si el estado no propone Políticas más contundentes y radicales en dónde se castigue al «agresor» independiente de su forma de violencia, también deben de existir más canales de atención idóneos en dónde prime la dignidad de cada ser humano.
Es verdad
Tienes rason
Muy interesante