«De que me hablas viejo»: el panorama de las masacres en Colombia al final de la era Duque.

Esta semana se presentó un hecho violento del que mayoritariamente nadie se asombra, del que nadie propone indignarse y salir de la cotidianidad, como sucede en la novela 1984 de George Orwell, en donde a la sociedad le sucede de todo, pero nadie dice nada. El 28 de marzo se produjo la masacre número 28 en lo corrido del año 2022 en Colombia, dato que se suma a los 11 firmantes del acuerdo de paz y 48 líderes defensores de derechos humanos asesinados para estos tres primeros meses del año 2022, ¡tres primeros meses del año 2022!

La masacre ocurrida en el municipio de Puerto Leguizamón en el departamento de Putumayo es un caso del que se puede desprender todo un patrón de violencia que se presenta en el país. Tiene zonas estigmatizadas, presencia de disidencias, población civil que queda en medio y Fuerzas Militares acusadas de cometer falsos positivos. Entrando en materia, el lunes 28 de marzo alrededor de las cinco de la tarde, el ministro de defensa Diego Molano informó por su cuenta de Twitter que la Fuerzas Militares en medio de combates con las disidencias de las FARC-EP, habían “neutralizado” a nueve personas y capturado a otras cuatro.

Acto seguido algunas organizaciones de derechos humanos y organizaciones indígenas iniciaron un proceso de recavación de la información, pues en algunos testimonios se  señala que una comunidad campesina se encontraba en un bazar veredal y el Ejercito Nacional abrió fuego en contra de varias personas que se encontraban allí. El resultado fue el asesinato de varias personas, entre ellas el gobernador indígena Pedro Panduro Coquinche y el presidente de la junta de acción comunal de la vereda el remanso, el señor Didier Hernández Rojas.

Sobre Puerto Leguizamón es necesario decir que, este territorio es frecuentado por actores armados legales e ilegales como el Ejercito Nacional, el Frente Carolina Ramírez y los comandos Bolivarianos de Frontera. Dichos actores constantemente le introducen mucha tensión al territorio señalando a la población civil de estar tomando partido en la guerra y encontrarse de parte de sus enemigos. Esa es la mala suerte de vivir en territorios periféricos colombianos donde la guerra se reactivó hace un buen tiempo, en efecto, todos son enemigos de todos y sospechosos de todo, en una suerte de disonancia cognitiva de los señores de la guerra.

La ambigüedad del gobierno colombiano con respecto a la implementación del acuerdo de paz la sufren municipios como Puerto Leguízamo, siendo muchos los que se encuentran en condiciones similares. En ese tipo de municipios, así no se quiera tomar partido, la guerra se lleva a la sociedad por delante, no es posible realizar elecciones libres, la extorsión está desbordada y el Estado todavía tiene la estructura mental de la guerra fría. Por tanto, la población civil es sospechosa de todo y la guerra es un proyecto de vida para muchas personas. En esos territorios, la educación, el trabajo y el bienestar social son puertas que se cerraron hace mucho tiempo.

El caso de Puerto Leguizamón es muy similar a la suerte de algunos departamentos como el Guaviare, Amazonas, Meta, Arauca, Putumayo, Nariño, Caquetá, Guainía y parte del Huila, en donde las estructuras a cargo de Gentil Duarte están desbordadas, los frentes primero, decimo, séptimo, cuadragésimo, Acacio Medina y el 62 son ley, orden y abuso. Así mismo, las menguadas estructuras a cargo de Iván Márquez no dejan de ser un problema para la sociedad civil, el dinero de las economías ilegales y el reclutamiento constante les permite reconfigurarse y sobrevivir. Por ende, los frentes 28, 33 y Román Ruiz se consolidan como señores de la guerra difíciles de erradicar.

Al parecer este panorama es desalentador, sin embargo las estructuras guerrilleras no paran ahí, pues el Ejercito de Liberación Nacional crece como la maleza, no hay que olvidar que hace unos meses tenían al departamento de Arauca como un capítulo de Mad Max. Al mismo tiempo, el presidente enviaba poco menos de mil quinientos soldados a reforzar por unos días el territorio, creo que todos hemos vivido un momento parecido, cuando el profesor entra al aula de clase por unos minutos, pero tiene que irse, y  los estudiantes lo saben.

Volviendo a las distintas estructuras que están en contra de Iván Márquez y de Gentil Duarte, encontramos algunas mucho más inclinadas hacia las motivaciones exclusivas del narcotráfico, a su vez su ideario político es muy tenue. Estas son las guerrillas Unidas del Pacifico, el comando conjunto Steven González, el Frente Carlos Patiño, la Columna móvil Dagoberto Ramos, el Frente 36, el Frente  Oliver Sinisterra, Los Contadores, el Frente 49, el Frente 48 y la columna Miller Perdomo. Todo esto hace pensar que se volvió una realidad esa frase premonitora del apocalipsis: “la primera tarea del centro democrático será hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final”.

De este modo, el Catatumbo, el pacífico, la macrorregión sur y los territorios de frontera están que arden. Las 28 masacres que se registran este año ya son el aviso del baño de sangre que nos espera, no hay que olvidar las 96 masacres del año 2021, y las 91 masacres ocurridas en el 2020… Y pensar que este gobierno era el de la seguridad democrática 3.0.

Las motivaciones de las masacres son variadas. En primer lugar, la reclamación de tierras genera que hayan incentivos para subcontratar violencia privada para acabar con la vida de los reclamantes, y que la tierra nunca se le devuelva a las personas despojadas. En segundo lugar, los lideres ambientales son asesinados en territorios -y momentos- donde desarrollan activismos a ultranza sobre la defensa del agua y el territorio. Tal vez por ello, la renuencia de este gobierno por entrar al acuerdo de Escazú. En tercer lugar, las  masacres tienen motivaciones de retaliaciones de guerra en contra de excombatientes que firmaron e implementan el acuerdo de paz. Finalmente, las masacres se perpetran contra lideres sociales, juntas de acción comunal y acueductos veredales que se apuntan a  procesos de sustitución de cultivos.

Todo lo anterior permite evidenciar que no nos vamos a convertir en Venezuela, por el contrario, nos vamos a convertir en la Colombia del 2002, 2003 y 2004, en la Colombia que disPARA. Tal vez por esto, personajes como Andrés Escobar se sienten con el valor de diPARAR en la ciudad a plena luz del día, sin ningún sonrojo, sin ningún reparo. Pero como es costumbre en este país, hoy sucede algo terrible y a los días sucede algo peor. En efecto, el viernes pasado Claudia Nayibe nos despertó con un decreto que prosa: “todo establecimiento público nocturno deberá vincularse a una red de cuidado y/o frente de seguridad”. Es decir, no acabamos de solucionar lo del señor Andrés Escobar en Cali y próximamente en Bogotá, más PARAS habrán, esperemos que la alcaldesa y el presidente no digan sobre todo esto “de que me hablas viejo”.